BARRA LIBRE PARA EL JEFE. (ES DECIR, PARA CARLOS DIVAR).

 

 La Fiscalía del Estado legalizó ayer la utilización injustificada del dinero de los contribuyentes, al negarse a investigar los motivos por los que el presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, cargó casi 13.000 euros al erario por gastos derivados de una veintena de largos fines de semana (de al menos cuatro días cada uno) en Puerto Banús (Marbella). Un pésimo mensaje sobre la necesidad de controlar estrictamente el dinero de los contribuyentes, que llega en el peor momento posible y puede ser interpretado por otras autoridades y altos funcionarios del Estado como patente de corso para evitar la justificación de gastos dudosos y seguir actuando así en el futuro. La fiscalía no considera ni siquiera necesario preguntar a las personas a las que Dívar dice que había visitado en esos desplazamientos, unos viajes que exigieron un dispositivo de seguridad, pagado también por cuenta del contribuyente.

Las justificaciones aportadas por la fiscalía para tomar su decisión se limitan a dar por supuesto que el presidente del Poder Judicial no tuvo intención de lucrarse, y que cualquier “duda” debe ser resuelta “teniendo siempre presente la proyección que el cargo de presidente del Consejo tiene sobre todas y cada una de las actividades que realiza la persona que lo desempeña”. En claro, que si una alta autoridad toma decisiones que implican gastarse el dinero de los ciudadanos, sus razones tendrá: barra libre para el jefe. Horas antes de que la fiscalía anunciara esta decisión, la Mesa del Congreso había vetado la posibilidad de organizar la comparecencia del afectado ante la cámara, alegando que es un caso sub iudice.

En pleno periodo de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), los contribuyentes apreciarán esta manera tan laxa de defender el correcto uso del dinero público. No es posible que los ciudadanos soporten una

CARLOS DÍVAR,PRESIDENTE CONSEJO PODER JUDICIAL.

sospecha tan evidente de que el presidente del Poder Judicial endosó gastos privados al presupuesto público. Es imposible permanecer imperturbables ante un órgano constitucional cuyo presidente, que debería ser el primero en mostrar una actitud ejemplar y ejemplarizante, se encierra en que no ha hecho nada reprobable y que la cantidad gastada en los viajes en cuestión era una “miseria”. La bolsa común está demasiado agujereada por todas partes, como bien sabemos, como para que no sea preciso dar explicaciones sobre 20 largos fines de semana en hoteles y restaurantes de lujo.

 

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