LA FINANCIACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS.

 

Comparecencia en la Comisión de Entidades Locales del Senado de Don Ramón Ropero Mancera, miembro de la Comisión Política Bilateral entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

 

El señor Ropero Mancera:

Queridos Alcaldes y compañero Javier, señorías, buenos días a todos y a todas, comparezco encantado, como no puede ser de otra manera, ante esta comisión como representante de la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias en la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la federación española para la definición de un nuevo modelo de financiación local. Lo hago, además, con gran satisfacción: por una parte , porque me encuentro en un espacio que no me es ajeno como Alcalde y como vocal de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, ya que esta Comisión de Entidades Locales es el espacio natural de debate y expresión de los asuntos e inquietudes que atañen a los municipios españoles, a los Gobiernos locales en su conjunto. Por otra parte, porque muchos de ustedes, señorías, comparten o han compartido conmigo responsabilidades políticas como Alcaldes o Concejales en sus respectivos municipios.

Ramón Ropero

Por tanto, estoy seguro de que entienden nuestro lenguaje cuando,  en nombre de todos los Gobiernos locales españoles, desde la Federación Española de Municipios y Provincias reclamamos el lugar que nos corresponde en el conjunto del Estado y estoy convencido también de que comparten nuestro compromiso de que en situaciones especiales como la que estamos atravesando ofrezcamos nuestra colaboración y nuestro apoyo para, entre todos, salir de la crisis.

En este sentido, señorías, permítanme que incida en el ofrecimiento que viene haciendo públicamente el presidente de la Federación Española, Don Pedro Castro, y que se ha materializado en resoluciones aprobadas por la Comisión Ejecutiva de la FEMP por unanimidad. Los Gobiernos locales queremos estar y participar en todas las mesas y en todos los foros en los que se tomen decisiones sobre el nuevo modelo productivo, porque, además, somos el poder más cercano a los ciudadanos, porque formamos parte de la amplia red pública que abarca todo el territorio español y, por consiguiente, capaces de vertebrar y contribuir de forma directa a la cohesión social de este país.

Podemos garantizar y realizar grandes contribuciones para el impulso y asentamiento de ese nuevo modelo productivo, sostenible, creativo y solidario que todos pretendemos para España. Como diría Pedro, podemos, queremos y sabemos y lo estamos demostrando, creo yo, todos los ayuntamientos españoles día a día, con ejemplos como el Fondo Estatal de Inversión Local de 2009, dotado con 8 000 millones de euros, y con el Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad Local de 2010.

No voy a recordar, porque lo saben ustedes bien, que sin mover un sólo papel los municipios españoles fuimos capaces de generar 30 000 proyectos en el 2009 y con apenas un solo mes de plazo o que a estas alturas, a día de hoy, estén ya ejecutándose o a punto de hacerlo para adjudicación de las obras cerca del 90 % de los 30 620 proyectos que hemos presentado los Ayuntamientos españoles para el fondo del año 2010.

Por lo tanto, entendemos que los 8115 municipios españoles somos la terminal del Estado en todo el territorio. Somos, pues, la parte del Estado que mejor podemos conocer y potenciar la capacidad creativa de los ciudadanos, los que tenemos la obligación, los Alcaldes y Alcaldesas, de apoyar a los emprendedores para que ninguna idea innovadora, ningún talento pueda desperdiciarse porque no pueda desarrollarse su proyecto.

Tenemos que apoyar todas estas iniciativas a nivel local. Señorías, este es nuestro ofrecimiento y éste también es el compromiso de los Alcaldes y Alcaldesas españoles. A pesar de lo que algunos puedan decir, todos sabemos que el trabajo conjunto rinde más y produce mejores efectos.

Dicho esto, paso a abordar ya lo que constituye el objeto de esta comparecencia: la financiación local. Señorías, los Gobiernos locales estamos sufriendo, como el resto de la sociedad, los efectos de la crisis económica, con menos ingresos procedentes de las transferencias del Estado y con una reducción también muy importante de nuestros propios ingresos tributarios. Al mismo tiempo, como consecuencia del aumento del desempleo, se están incrementando también los gastos en prestaciones sociales desde los Ayuntamientos españoles, en algunos casos los derivados del mantenimiento de la convivencia en los espacios públicos. Además, seguimos garantizando la prestación de los servicios básicos a los ciudadanos con los mismos niveles de calidad, porque somos conscientes de que es la garantía del equilibrio social y territorial en nuestros municipios.  Y no solo eso, como todos ustedes saben, los Ayuntamientos arrastramos unos problemas estructurales derivados, por un lado, del marco competencial y, por otro, del actual sistema de financiación, que ahogan nuestra economía y nos impiden dar la respuesta que nos demandan los ciudadanos con la eficacia requerida.

Todo el mundo reconoce que los Gobiernos locales no solo tenemos la obligación legal de prestar determinados servicios, sino también la obligación ética y política de atender necesidades de nuestros vecinos que no están recogidas en ninguna ley y no voy a entrar en otras competencias y servicios que siendo obligación de otras administraciones, fundamental y principalmente de las Comunidades Autónomas, al final los prestamos los Ayuntamientos por esa responsabilidad política que emana de nuestra cercanía a los ciudadanos.

Por otra parte, lo cierto es que hay competencias que si bien son compartidas con otras administraciones, son los Ayuntamientos los que terminan prestando los servicios, soportando sus costes, pese a no recibir las transferencias que permiten afrontarlos. Les podría  poner a ustedes muchos ejemplos que conocen tan bien como yo y que en anteriores comparecencias en esta Cámara ya se han puesto de manifiesto: centros educativos, centros sociales, ayudas a domicilio, educación infantil de 0 a 3 años y un largo etcétera, por no hablar de los numerosos programas o proyectos de ejecución de políticas sectoriales promovidas desde el Gobierno de España y fundamental y principalmente por las Comunidades Autónomas que, una vez ejecutadas con la colaboración del Ayuntamiento, generan una necesidad en la ciudadanía que nos obliga a costear solos la continuidad de esas políticas.

Huesca. Escuela infantil 0-3 años. "Las Pajaritas".

Créanme, señorías, no son pocos los proyectos y programas que proponen las Comunidades Autónomas que echan a andar, que empiezan a funcionar y que luego se abandonan, pero somos los Ayuntamientos los que continuamos desarrollando esa labor. Esta situación, sin duda, provoca una perdida importante de autonomía del gasto municipal y de las decisiones. Señorías, todas estas cosas son las que la FEMP ha puesto encima de la mesa en sus distintas reuniones con el Gobierno de España y en sus contactos –que los hemos tenido– con todos los Presidentes de las Comunidades Autónomas, con el fin de resolver los problemas estructurales de financiación a que antes aludía.

Para nosotros, y para los Ayuntamientos españoles, también es un tema importante reformar el actual régimen local, que data de 1985, mucho antes de que se configurara la actual estructura territorial del Estado, para adaptarla, como no podía ser de otra manera, a las necesidades reales de los ciudadanos del siglo XXI. Necesitamos, pues, un marco jurídico y competencial también, y conseguir un modelo de financiación local justo, suficiente, claro y previsible que permita a los Gobiernos locales poder responder con garantía a lo que de nosotros esperan todos y cada uno de los ciudadanos, de nuestro vecinos.

Han transcurrido más de treinta y un años de democracia; se ha producido en España la mayor descentralización del Estado de toda su historia y, sin embargo, los Ayuntamientos, después de treinta y un años seguimos arrastrando los mismos problemas, los viejos problemas que siempre nos han afectado. De todas maneras, señorías, yo reconozco que, a pesar de todo, soy optimista. Debo decir que confiamos en el compromiso expresado en esta misma Cámara la semana pasada por el vicepresidente tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial, nuestro ministro, el de los Ayuntamientos, don Manuel Chaves, el compromiso de que el año próximo habrá una nueva ley de Gobierno local con un nuevo marco competencial que nos defina claramente cuáles son nuestras responsabilidades. Y también estoy convencido de que, en función también de su compromiso, vamos a tener una ley de financiación que garantice la suficiencia financiera para el año 2011.

Señorías, el Gobierno de España ha dado a conocer las líneas básicas de lo que será la nueva ley de Gobierno local, criterio que compartimos, pero que estamos a la espera de ese borrador de proyecto de ley para analizarlo. Y a la vista de su articulado, la FEMP expondrá lo que considere conveniente.

Huesca. Palacio de Congresos. Vista posterior.

Respecto a la reforma de la financiación debo decirles que la FEMO y el Gobierno hemos venido trabajando conjuntamente durante varios meses a través de unas mesas de carácter técnico, un equipo técnico de la Federación Española de Municipios y Provincias, con el Ministerio de Hacienda y también con algún responsable de Administración Territorial; y hemos celebrado varias reuniones con la Comisión Política Territorial con motivo del nuevo modelo de financiación. Deseamos estar a punto de sentarnos para esa fase final en que se aborde cuanto antes la nueva ley de Haciendas locales, el nuevo modelo de financiación local. En estas negociaciones hemos dejado siempre clara nuestra posición y nuestras aspiraciones sobre el nuevo modelo. Se lo voy a relatar en esencia.

Primero, corregir la insuficiente participación en los ingresos generales del Estado, la PIE, de acuerdo con los principios de suficiencia, eficiencia y equidad. El Estado debe poner sobre la mesa recursos adicionales al igual que ha hecho con las Comunidades Autónomas. Si ha habido recursos para las Comunidades Autónomas, los ciudadanos, nuestros vecinos no  entenderían que no hubiera también recurso adicionales para los Gobiernos locales. Además, habrá que mejorar los sistemas de distribución de los fondos con unos criterios más transparentes, autonómicos y también ligados a la extensión del territorio. Y, por supuesto, creemos que hay que hacer una mejor redistribución en una nueva ley de Haciendas locales. Y si el señor Presidente me lo permite, pondré un ejemplo.

No parece razonable que A Coruña reciba por cada ciudadano el mismo 50% que recibe Málaga por cada ciudadano. Málaga no tiene ni un servicio más que no tenga A Coruña. Sin embargo, según la redistribución de la PIE con la ley actual, el ciudadano de Málaga, para el Gobierno de España, vale el doble que el ciudadano de A Coruña. Es decir, no solamente queremos más dinero para el reparto, sino que haya mejor distribución. Y, por supuesto,  no queremos que con la reforma ninguna entidad local salga perjudicada. Pero también tenemos otro criterio: que la nueva financiación contemple un techo y un suelo para no estar a los vaivenes del ciclo económico puesto que tenemos que seguir prestando los servicios. Pero si los recursos, sobre todo los de los municipios a nivel local bajan como han bajado, tenemos muchísimas más dificultades. Por tanto, en esa nueva ley de financiación local, a los Ayuntamientos nos gustaría que se contemplasen unas cantidades mínimas y máximas, es decir, un techo y un suelo para que no ocurra lo que en estos momentos, fundamentalmente como consecuencia de la crisis y de los ingresos municipales, que las licencias de obra han caído de una manera tremenda.

En España hay 8115 municipios. De ellos sólo 83 superan los 75 000 habitantes. Y hay casi 7 000 que tienen menos de 5 000 habitantes. Dar respuesta a esta diversidad implica que habrá que diferenciar igualmente el tamaño de los municipios, garantizando siempre el acceso igualatorio a los servicios de todos los ciudadanos vivan donde vivan, ya sea en un pequeño pueblo o en una gran ciudad.

En segundo lugar, garantizar un sistema estable de participación de los Gobiernos locales en los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas, tal y como establece la Constitución. Treinta y dos años de Constitución y el artículo 142 sin aplicarse. Me estoy refiriendo, evidentemente, a las PICA, unos fondos que han de ser total y absolutamente incondicionados. Esta es una de las claves del nuevo modelo de financiación. No debería, por parte de los municipios, cerrarse un acuerdo sobre financiación local sin incorporar la necesidad de regular las PICA. Insisto: si la Constitución dice en su artículo 142 que las Haciendas locales se nutrirán de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas, no entendemos por qué a estas alturas las Comunidades Autónomas no regulasen esta obligación constitucional. Saben ustedes que en estos momentos en España sólo hay una ley en un Parlamento, en Andalucía, donde por primera vez se reconoce que la participación de los Ayuntamientos en las PICA, en los ingresos de la comunidad autónoma. Pero, además, la ley dice que estos fondos son incondicionados. En la FEMP estamos seguros que la falta de desarrollo de las PICA podría constituir un grave incumplimiento de las previsiones constitucionales respecto de la articulación de dichas haciendas locales.

Finalmente, un sistema fiscal propio que incluya, entre otras cosa, una revisión de los recursos tributarios mejorando la gestión y recaudación sin incrementar en ningún momento la presión fiscal. Una profundización de la tributación basada en el principio de beneficio. Saben ustedes que el 51% de ingresos de las entidades locales proceden de la fiscalidad propia de los Ayuntamientos. Creemos que ese porcentaje es suficiente. Por tanto, proponemos mantener el abanico de los hechos imponibles. Junto a ello, permítanme que insista en la necesidad de que los Gobiernos tengan representación a través de la FEMP en el Consejo de la Política Fiscal y Financiera. Después de treinta y un años de Ayuntamientos democráticos nos parece imposible que en el sitio donde se decide la financiación del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos –que también nos sentimos Estado– no esté representada la Federación Española de Municipios y Provincias. En esto vamos a seguir insistiendo. No es de recibo que una de las tres patas se quede fuera del foro en el que se deciden cuestiones tan imp0rtantes . Señorías, refórmese lo que se tenga que reformar, pero creemos que nuestra participación es imprescindible en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Señorías, decía al principio que los Ayuntamientos y las Diputaciones, los Cabildos y Consells, estamos comprometidos totalmente en la lucha contra la crisis. Lo hemos venido haciendo siempre y lo haremos ahora en relación con el Acuerdo Marco sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas para el período 2010-2012.

Pero como todos ustedes saben, la voluntad sólo no basta. Es necesario alcanzar un acuerdo cuanto antes sobre ese nuevo modelo de financiación local.

El nuevo sistema no tiene por qué implicar un mayor gasto público, sino una mejor distribución de los recursos del Estado. Nos han venido muy bien a los Ayuntamientos los 13 000 millones que en dos años, a través del plan local de empleo –como lo quieren llamar–, nos ha dado el gobierno de España a los Ayuntamientos. Pero nosotros no queremos un nuevo Plan E para el año 2011. Los Ayuntamientos españoles necesitamos un nuevo modelo de financiación local para el año 2011.

Señorías, los tiempos que corren nos llevan cada vez más a la colaboración de unos con otros. Las nuevas tecnologías de la comunicación, además de derribar muros al conocimiento, nos alumbra nuevos modelos y modos de gobernanza, más transparencia, más participación, que sea más cooperativa.

Los principios de subsidiariedad y lo que hoy conocemos como gobernanza multinivel condicionan más nuestra forma de dirigir lo público y evitan solapamientos estériles, buscando la eficacia y la innovación y, además –créanselo–, desde los Ayuntamientos, siempre con la vista puesta en el bien común.

No es tan difícil aplicar el sentido común en los Ayuntamientos, y los Alcaldes y Alcaldesas españoles, todos sin excepción, independientemente del partido político que estemos representando en el Ayuntamiento, todos, solemos aplicar ese sentido común. A fin de cuentas, si esto fuera una orquesta, todos deberíamos intentar tocar la misma partitura.

Por todo ello, señorías, yo les aseguro que una financiación local justa y suficiente, va a ser buena para el estado, para el municipalismo español y para todos los ciudadanos.

Muchas gracias.

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