La gran compañía de Seguros Norteamericana AIG entró hace varias semanas en quiebra, y fue reflotada con la aportación de 85.000 millones de dólares en una decisión política de Washington. Este dinero, obviamente, pertenecía a todos los contribuyentes Norteamericanos. El remate a dicha situación se puede contemplar en dos tipos de actuaciones: Primero, la del conjunto de sus directivos que lo celebraron en un carísimo hotel californiano, con habitaciones de mil dólares la noche, diez mil dólares en bebida, veintitrés mil dólares en cuidados personales y otros muchos más conceptos que aparecen en la factura total de la celebración. Y en segundo lugar, con las compensaciones que recibieron los dos máximos directivos de AIG como premio a su mala gestión: Joseph Cassano, director de la sección de Productos Derivados, que percibió una bonificación de 3,4 millones de dólares; y el Presidente de AIG, Sullivan, que recibió otra subvención de 5,4 millones de dólares. Todo esto pagado, como ya se ha dicho, con dinero de los contribuyentes Norteamericanos.
¡Menuda sinvergonzonería sabida y permitida!.
